En este grupo de edad, según señaló la fundación en un comunicado, el porcentaje de niños con diabetes tiene que cambiar de escuela alcanza el 20 por ciento. El estudio, realizado a través de la opinión de cerca de 500 padres de niños diabéticos de la Comunidad de Madrid, muestra por tanto que "el problema es más intenso en los menores de 6 años" ya que, como explica la endocrinóloga pediátrica del Hospital Ramón y Cajal e investigadora del estudio, la doctora Raquel Barrio, al no reconocer los síntomas ni saber autoinyectarse la insulina, "requieren todavía más de la atención de un adulto".
Entre otras conclusiones, el informe que tiene como objetivo, según el director de la Fundación para la Diabetes, Rafael Arana, "dar a conocer las dificultades a las que se enfrenta el niño con diabetes en la escuela para tomar medidas y fomentar su plena integración", pone de manifiesto que el 5 por ciento de los niños no fue aceptado en el colegio que era primera opción para los padres y que el 8 por ciento se vio forzado a cambiar de escuela.
Para Arana "estos datos demuestran la necesidad de tomar medidas al respecto", ya que en su opinión se trata de un problema que "no se resuelve con la visita puntual de un profesional sanitario al centro escolar ni puede quedar a la buena voluntad de alguno de los profesores".
Más formación para el profesorado
Para mejorar la integración del niño con diabetes, la fundación recomienda aumentar el número de profesionales sanitarios en los colegios; una mejor comunicación entre los profesores, padres y profesionales sanitarios; así como mayor coordinación entre asociaciones de pacientes y administraciones. En este sentido, Barrio afirma que "se debe formar e informar al profesor de qué es la diabetes y lo que implica, ya que el desconocimiento a la enfermedad es lo que les hace tener miedo a la misma".
Asimismo, esta experta no duda en señalar que el personal sanitario en los colegios "no sólo es útil para los niños con diabetes, sino también para el resto". Por otro lado, y teniendo en cuenta que en una de cada dos familias, al menos uno de los cónyuges tuvo que cambiar su actividad laboral para atender las necesidades del tratamiento mientras el niño estaba en la escuela, esta medida "seguro que resulta psicológica y económicamente rentable para el país", concluye. |
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